El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría tener entre sus nuevos integrantes a Armando Hernández Cruz, acusado en 2016 por supuesto tráfico de influencias.
Además de impartir clases en el Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hernández Cruz ocupa desde noviembre de 2024 el puesto de coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y busca ser parte del TEPJF.
Por presuntamente beneficiarse económicamente mediante tráfico de influencias, Armando Hernández fue señalado en 2016 por la diputada de Morena en la Asamblea Legislativa capitalina, Ana Juana Ángeles Valencia, cuando era Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF).
El cargo de asesor “A” que tenía Omar Hernández Cruz en la Contraloría del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) fue, según la legisladora, uno de los vínculos personales que Armando Hernández aprovechó junto con su jerarquía.
Aunque su puesto como asesor en el IEDF le impedía actuar como abogado litigante, Omar Hernández representó un caso derivado de los comicios del 7 de junio de 2015, según Ángeles Valencia.
El 9 de mayo de 2016, Eunice Sierra Ocampo, ex candidata del Partido Humanista, denunció por acoso sexual a Omar Hernández; de esa acusación, señaló la legisladora, surgió posteriormente una denuncia contra Armando Hernández.
Por recomendación del magistrado Hernández, quien fue su asesor de tesis, Sierra Ocampo contrató a Omar Hernández como su abogado para impugnar una elección, sin estar al tanto de que éste tenía prohibido litigar por su posición en el IEDF, según comentó ella.
El hecho de que el magistrado recomendara a su hermano al saber que no podía litigar llevó a Ángeles Valencia a exigir que se indagara si existía una relación laboral entre ambos y si otros casos electorales fueron tramitados bajo ese mismo esquema.
Según lo dispuesto en el artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal, la diputada recalcó que existían elementos suficientes para considerar configurado el delito de tráfico de influencias.
En el marco de la elección para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en 2017, INCIDE Social presentó un documento en el que expresó su preocupación por la actitud de Armando Hernández Cruz, quien, según la organización, fue reacio a transparentar su trayectoria y sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
En su calidad de presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México promovió en junio de 2016 una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la exigencia de publicar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, según lo refiere la organización.
